Juzgado De Lo Penal Número 12 - Madrid, Madrid

Saber H.

En Penal-12 han rehusado ilegalmente entregarme la videograbación de un juicio en que fui acusado y condenado (por una falta muy leve, todo hay que decirlo).

Yo le apliqué al Dr. Stephen Chapman de la clínica madrileña Open House algunos calificativos poco elegantes en Internet por haberme hecho víctima de una estafa y un fraude que casi me habían costado la vida y que me han destrozado la existencia, y por ese motivo hube de pagar una multa por injurias; en tanto que ese mediquillo todavía anda suelto en libertad para cometer nuevas y peligrosísimas estafas y fraudes.

Yo quiero demandar al Dr. Chapman -y a varios de sus colaboradores y excolaboradores- por diversos delitos y faltas, y para eso necesito, entre otras cosas, la mencionada videograbación. Y la solicité debidamente, adjuntado la documentación exigible además de un "pen-drive".

La funcionaria de la mesa 15 de Penal-12 me llamó a mi casa y me dijo, con no poca brusquedad, que esa videograbación está archivada y que, según la juez de este Juzgado, nadie puede suministrármela si yo no acompaño mi solicitud con un escrito oficial de un abogado o procurador. Pero ello es falso, pues cualquier involucrado directo en un procedimiento tiene derecho a solicitar la videograbación directamente por sí mismo, ya que es parte interesada.

Envié un e-mail a Penal-12 pidiéndoles que enmendaran ese error. Pero no se han dignado responderme, aunque en mi e-mail detallé todas las ordenanzas oficiales que hacen que mi solicitud sea plenamente legítima y que nadie pueda denegármela.

Si la avinagrada funcionaria de la mesa 15 no me endosó una falsaria historieta inventada por su cuenta, entonces la titular del Juzgado nº 12 de lo Penal (Ejecutorias) de Madrid es una ignorante o una embustera o ambas cosas a la vez... simultáneamente o por turnos. Además habrá infringido la Ley al negarse a hacer algo que está obligada a hacer y al no dar explicaciones veraces de su negativa. Es ilegal que un Juzgado no le entregue cualquier documento, ya sea en papel o en digital, a un interviniente en un proceso. Aquí se ha incumplido descaradamente un mandato legal imperativo al cual todo juez está inexorablemente sujeto. Quien infringe la Ley comete un delito.

Realmente es un grave peligro que una juez y/o sus adláteres incumplan impunemente las leyes, o que las interpreten según sus fantaseos o antojos. ¿Quién podrá juzgar, si los jueces son los primeros en saltarse las leyes, cometiendo una crasa ilegalidad que excede cualquiera de sus atribuciones profesionales?

Jamás en mi vida había tenido yo problemas con la Ley hasta mi desdichado incidente con la clínica Open House. Desde entonces he necesitado consultar a una larga serie de abogados; no pocos de ellos me han asegurado (a semejanza de mi difunto padre, quien en sus tiempos ocupó un alto cargo en el Ministerio de Justicia) que, dentro de la judicatura en España, el corporativismo y el abuso de poder imperan hasta límites insospechados; que ser acusador o acusado en un pleito se parece demasiadas veces a jugar a la ruleta o a enfrentarse a una maraña de intrigas palaciegas, mucho más que a requerir un acto de aplicación rigurosa y precisa de la legislación; y que resulta muy difícil enmendar cualquier sentencia arbitraria porque a menudo las instancias superiores a las que uno apele ratificarán esa arbitrariedad aunque sea al precio de incurrir en otras aún mayores. Cualquier cosa -incluidas las mentiras, omisiones y/o tergiversaciones- les parece preferible antes que reconocer un error en su gremio, y así es como se logra la falsa imagen de ejemplaridad que tanto se empeñan interesadamente en vendernos los integrantes del sistema judicial español.

Si el Estado pretende que la ciudadanía confíe en sus instituciones, lo primero que deben hacer sus instituciones es mostrarse dignas de confianza. Y, si los jueces exigen respeto para sus decisiones judiciales, lo primero que deben hacer sus decisiones judiciales es no faltarle al respeto a la gente. Hay muchas maneras de ofender: de palabra y de obra, por acción y por omisión.

Fran M.

Soy un ciudadano q estamos maltratados por la justicia 14 anos llevamos luchando con la justicia 6 demandas y no han echo nada .todo corrupción por una herencia q está en plaza castilla . anticorrupción es corrupta los últimos jueces son Andrés y Alonso no han mirado en ningún momento por las víctimas solo por pedro Morón delincuente colombiano y su primo Diego q son junto a estos jueces y mucho más los q tienen montada esta trama para obligarnos a firmar la herencia no quiere la justicia notificar pero si notifican mandar a mi pareja aún tribunal médico para ponerle un tutor legal cuando mi pareja no tiene ningún problema ni metal ni de ninguna otra cosa de discapacidad y también se demando así q se demandará al poder judicial disciplinario q ya está en marcha todo una auténtica vergüenza .

Víctor J. M. D. L. C.

El teléfono que figura aquí. 914932212, no corresponde al Juzgado de lo Penal nº 12 de Madrid, sino al Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid. El que corresponde al Juzgado de lo Penal nº 12 es: 914932128.

sergio M.

No me siento muy cómodo en estos tipos de lugares la gente siempre es muy seria, fui directo a lo que tenia que ir y sin demorarme mucho salí, todo gracias a la gestión de un buen abogado en mi caso Abogado Penalista Martín.

Sihaya B.